FÁCIL DE REVOCAR PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS: EXPERTO

TIJUANA.- Los procesos de arrendamiento que ha contraído el ayuntamiento con particulares no sólo pueden ser revocados, sino cuestionarlos para determinar su correcto cumplimiento, afirmó el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.

“No sólo podemos revocarlos, sino cuestionarlos, verificar su ejecutabilidad y sobre todo podemos exigiré su cumplimiento. La pregunta es por qué en este país no hacemos procedimientos de responsabilidad, donde logremos recuperar todo lo que se han robado, lo que han desviado, el peculado el cohecho, la malversación en que han incurrido, todo lo permite la ley, incluso puede permitir que podamos asegurar los bienes de aquellos que desvían fondos de sus familiares o amigos que son testaferros o prestanombres. El problema es que no ejecutamos la ley y ese es el problema de este país”, expresó. 

El doctor en derecho fiscal, lamentó la falta de trasparencia con la que se han conducido los gobiernos municipales de Tijuana por lo que han perdido la confianza de sus gobernados.

“Las administraciones en general en Tijuana se han definido por no ser lo suficientemente claras, pulcras y por mantener un sistema poco claro que presume un tema de corrupción, mientras la sociedad no crea en sus gobiernos, no importa si tiene 3 años en el gobierno, 8 meses, o tres días, pero mientras la sociedad no crea en sus gobiernos de esa forma la sociedad no va a contribuir al desarrollo de ese municipio”, señaló. 

Agregó que la reciente aprobación que hizo el cabildo de Tijuana para que el servicio de luminarias sea concesionado a un particular, sólo quedará aclarada cuando se transparente el proceso de adjudicación de la empresa que asumirá esta responsabilidad.

“Tenemos que ser mucho más trasparentes, más firmes en las decisiones que tomemos, en particular de las luminarias, la decisión que se haya tomado, la forma en que se vaya que contratar, que licitar, debe ser transparente. Creo que si utilizamos transparencia y no opacidad como se ha manejado  históricamente es la forma en que la sociedad va a poder llegar a una conclusión sobre el buen uso de los recursos públicos, pero en la medida en que sigamos inventando contratos, adjudicando estos derechos a amigos, familiares o a quienes tienen algún interés con nosotros, a medida de que no cámbiennos esa fórmula va a seguir afectando a la sociedad y va a seguir creciendo el desprestigio de los servidores públicos”, concluyó.